Como es sabido, la crisis sanitaria, política y social derivada del virus SARS-CoV-2 impidió la realización de las oposiciones en el curso 2020/2021 en nuestra Comunidad Autónoma, lo que nos sitúa, según cálculos propios de FECCOO, por encima del 20% de interinidad en enseñanzas medias, cuando el acuerdo para la mejora del empleo público firmado en marzo de 2017 obliga a la reducción de esta tasa hasta llegar al 8%. Este curso cabe esperar que la tasa de interinidad previsiblemente haya aumentado debido a la nueva incorporación de docentes en el sistema educativo público y la necesaria reposición de personas jubiladas. La OEP aprobada el pasado diciembre no es suficiente para conseguir el objetivo de tasa de interinidad que marca el acuerdo, pero si no queremos que se siga agravando la situación de alta temporalidad en nuestra comunidad, deben ejecutarse las plazas aprobadas en la misma y las ya pendientes del curso anterior en este año natural.

Entendiendo la complejidad y la volatilidad de la situación derivada de esta pandemia mundial, nos hacemos eco de la enorme preocupación de las miles de personas opositoras que observan la ausencia casi total de iniciativas políticas encaminadas a asegurar la celebración de los procesos de las oposiciones de enseñanza con seguridad y garantía de salud para los y las participantes (aspirantes, tribunales y personal de servicios educativos complementarios); así como la consternación del profesorado en su conjunto de nuestra CCAA, que observa como la inestabilidad laboral de muchos de sus compañeros redunda en la calidad educativa y en la capacidad de respuesta educativa ante la presente crisis sanitaria.

Conociendo la distribución competencial de la materia educativa en el estado español, la Consejería de Educación y Empleo debe ejercer sus competencias en la regulación de las oposiciones al objeto de dar certidumbre y garantizar la celebración de unas oposiciones seguras para los y las participantes, debiendo anticiparse a la situación y no optar por la vía de la improvisación.

El escenario actual requiere de medidas claras y negociadas con las organizaciones sindicales y de protocolos de seguridad sanitaria de actuación, elaborados en el marco del Comité de Seguridad y Salud, que deben orientar, dar certidumbre y garantizar la celebración de unas oposiciones seguras y con todas las garantías para los y las participantes.

Por lo expuesto, hemos solicitado la convocatoria de la mesa sectorial de educación y elaboración de un protocolo de seguridad ante la COVID, negociado dentro Comité de Seguridad y Salud, y que sea de obligado cumplimiento tanto para tribunales como para aspirantes, para establecer criterios que garanticen la salud y seguridad en los procesos de oposición, coordinación de pruebas y otros aspectos relevantes sobre la organización del proceso selectivo previsto en 2021.

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